GT Fuerzas de seguridad, agencias de control y mercados ilícitos

En el curso de las últimas décadas bajo un nuevo orden neoliberal global, en nuestros Estados se produjo un creciente protagonismo de las fuerzas policiales y de seguridad y de otros organismos de control no policial, tanto estatal como no estatal, en la administración de poblaciones, territorios y mercancías. Si hasta la década de 1980 en buena parte de la región ese protagonismo se debió a los regímenes militares de gobierno de facto, desde los años 1990 se ha debido a la creciente inseguridad y al diagnóstico de un incremento de la criminalidad organizada asociada a los mercados ilícitos de drogas, combustible, granos, especies, personas, prendas de vestir, tierras urbanas y rurales, entre otros. Pero, como mencionamos, ese protagonismo no ha sido exclusivo de las fuerzas policiales o de seguridad. Agencias de control estatal integradas por operadores judiciales, migratorios y de aduanas, entre otras, y agencias no estatales como las empresas de seguridad privada se han ido articulando y han cobrado también renovado relieve. Este fenómeno que conocemos como securitización de la vida social y política, entra en tensión con el Estado de derecho y los regímenes democráticos. Pero, al mismo tiempo, se ha visto desbordado por el volumen de personas, mercancías y especies, que quedan “al margen de la ley” y el modo en que ingresan en nuevos procesos de globalización. La legalización o ilegalización de ciertos mercados no es un estado de cosas fijo sino parte de un proceso que mueve actos, personas humanas y no humanas, y mercancías de una condición a otra. La expansión de determinado mercado hacia su ilegalidad, o la inversa, no puede ser comprendido sin operadores de control estatales y no estatales. El carácter de esos negocios está profundamente atravesado por la posibilidad de la sanción, tanto como por regulaciones estatales. Por consiguiente, nos interesa analizar desde la perspectiva de las agencias de control policiales y no policiales el modo en que, al tiempo que se orientan a prevenir o conjurar ilícitos, son coparticipes de la delimitación y las reglas de mercados lícitos e ilícitos.